El indulto, una figura jurídica que permite la remisión total o parcial de una pena impuesta por una autoridad judicial, ha sido objeto de controversia tanto en el ámbito académico como en el judicial. A pesar de su legalidad y su presencia en la mayoría de los países del mundo, su aplicación en España ha generado debates sobre la intromisión del poder político en el judicial y la falta de transparencia en su concesión.
En este contexto, el estudio realizado por José Abreu y Juan Luis Jiménez de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, titulado "¿Son los indultos en España proporcionales a la pena impuesta?", arroja luz sobre esta controvertida práctica, analizando los indultos concedidos en España entre diciembre de 1995 y enero de 2013.
Los investigadores utilizaron una muestra de 4.754 indultos, que representa el 47% del total de 10.205 indultos concedidos durante el período de estudio. Esta muestra se centró en aquellos casos donde el indulto o conmuta se aplicó a penas privativas de libertad, privativas de derecho o multas, permitiendo así calcular el porcentaje de pena indultada en relación con la sentencia original.
El análisis empleó técnicas econométricas, específicamente el método de mínimos cuadrados ordinarios, para examinar la relación entre el porcentaje de pena indultada y diversos factores, incluyendo la duración de la pena original, el tipo de delito, el partido político en el gobierno, y otras variables socioeconómicas y legales.
Los resultados del estudio revelan patrones significativos en la concesión de indultos en España:
1. Falta de proporcionalidad: Se encontró una relación directa entre la sanción impuesta y el porcentaje de pena indultada. Esto significa que, en general, cuanto mayor es la pena original, mayor es el porcentaje que se indulta, aunque este incremento no es proporcional para penas muy graves.
2. Influencia política: Contrariamente a la hipótesis inicial, el estudio muestra que los gobiernos del Partido Popular concedieron, en promedio, indultos más generosos que los del PSOE, con una diferencia de aproximadamente cuatro puntos porcentuales.
3. Efecto de la crisis económica: Se observó una disminución en el porcentaje de pena indultada en los años posteriores a la crisis financiera de 2008, posiblemente debido a una mayor preocupación social y escrutinio público sobre esta práctica.
4. Factores adicionales: El estudio también reveló que factores como la cuantía de la multa impuesta, el número de delitos cometidos, y la entidad que solicita el indulto (por ejemplo, Cofradías o Equipos Técnicos) influyen significativamente en el porcentaje de pena indultada.
El análisis realizado por Abreu y Jiménez pone de manifiesto la subjetividad y posible uso sesgado de los indultos en España. La falta de proporcionalidad en la concesión de indultos, junto con la influencia de factores políticos y económicos, sugiere que esta práctica no siempre se basa en criterios de justicia o equidad social.
Los autores proponen medidas para mejorar la transparencia y objetividad en la concesión de indultos, incluyendo la abolición de indultos por delitos de corrupción y la reintroducción de la obligación de motivar las decisiones de indulto. Estas recomendaciones buscan restaurar la confianza pública en el sistema judicial y garantizar un uso más equitativo de esta herramienta legal.
Este estudio contribuye significativamente al debate sobre el uso de indultos en España, proporcionando evidencia empírica sobre patrones y sesgos en su aplicación. Los resultados subrayan la necesidad de una revisión crítica de esta práctica y la implementación de reformas que aseguren su uso justo y transparente en el futuro.
Referencia: Abreu, J., & Jiménez, J. L. (2019). ¿Son los indultos en España proporcionales a la pena impuesta? Cuadernos Económicos de ICE, 97, 217-233.