El caso ERE, también conocido como escándalo de los ERE en Andalucía, EREscándalo, EREgate, caso del fondo de reptiles u Operación Heracles, es un procedimiento judicial iniciado para enjuiciar los delitos cometidos por una red de corrupción política integrada en el seno de la Junta de Andalucía, gobernada por el Partido Socialista Obrero Español de Andalucía (PSOE-A) entre 1980 y 2018, y del Sindicato Unión General de Trabajadores (UGT). Este caso ha sacudido la política andaluza y española, convirtiéndose en uno de los mayores escándalos de corrupción en la historia reciente del país.
De acuerdo con la primera sentencia de esta macrocausa, el fraude realizado en el periodo comprendido entre los años 2000 y 2009 asciende a un total de 680 millones de euros. Sin embargo, se estima que la cantidad total podría alcanzar los mil millones de euros, incluyendo los años 1999, 2010 y 2011. La mitad de los miembros del gobierno autonómico andaluz ha sido acusada por delitos de corrupción política. La Junta de Andalucía está acusada de diseñar, instaurar y ejecutar un plan para desviar dinero público de los ERE legales hacia el bolsillo de familiares, amigos y militantes afines al partido en el gobierno, el PSOE-A.
El origen de las investigaciones se encuentra en la extorsión perpetrada por directivos de la entonces empresa mixta Mercasevilla, quienes exigieron un soborno a dos empresarios para la concesión de una escuela de hostelería. A partir de la investigación en dicha empresa municipal salieron a la luz presuntas irregularidades en la venta de unos terrenos propiedad de la empresa municipal en un concurso público supuestamente amañado. Fue en la investigación del caso del ERE de Mercasevilla llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya, donde se detectó que un militante del PSOE de Andalucía residente en Baeza había sido incluido en un ERE de Mercasevilla sin haber trabajado nunca para esta empresa.
Desde el año 2000 hasta la actualidad, la Junta de Andalucía ha subvencionado prejubilaciones en 68 empresas que se acogieron a los planes gubernamentales de empleo. El total del fondo destinado a ayudar a estas empresas durante este período, el llamado fondo de reptiles, ascendió a 647.869.157,45 euros. El fraude se produce por la inclusión como prejubilados en los expedientes de regulación de empleo de las empresas beneficiadas del fondo a personas que no habían tenido relación laboral con esas empresas o indicando que lo habían hecho por unos periodos de tiempo mayores a los reales. La investigación interna ha detectado 267 prejubilaciones irregulares en un total de 5982 casos analizados.
La Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía está colaborando con la juez del caso en la investigación de las irregularidades de los ERE. El 16 de marzo de 2011 la juez Mercedes Alaya admitió la presentación de la Junta de Andalucía como acusación particular en el caso. Entre febrero de 2011 y junio de 2012, el Parlamento andaluz rechazó sistemáticamente la creación de una comisión de investigación para los ERE mientras el PSOE-A tuvo la mayoría absoluta del pleno. Finalmente en junio de 2012 el Parlamento creó esta comisión, al ser una de las condiciones de Izquierda Unida en su pacto con el PSOE tras las elecciones autonómicas.
Entre los personajes públicos implicados se encuentran Antonio Fernández García, exconsejero de Empleo de la Junta, Francisco Rodríguez Donaire, exalcalde y consejero socialista del ayuntamiento de Valverde del Camino, Ramón Polo, militante del Partido Popular y exconcejal de La Carolina, y Cristina Ruiz, candidata incluida en la lista del PP a la alcaldía de Córdoba. También están implicados los expresidentes andaluces José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como varios exconsejeros.
El caso ha tenido importantes repercusiones políticas y judiciales. El 10 de septiembre de 2013, la juez Mercedes Alaya publicó un auto en el que instruye derechos como imputados a los expresidentes andaluces Griñán y Manuel Chaves, y de varios exconsejeros. Tanto el Partido Popular como Izquierda Unida han solicitado la destitución de varios cargos públicos y la celebración de elecciones anticipadas. El 30 de marzo de 2011 la juez Mercedes Alaya solicitó las actas de todas las reuniones del Consejo de Gobierno de la Junta de los últimos diez años, para comprobar si en realidad el ejecutivo autonómico no era consciente de las irregularidades que se estaban materializando en los pagos de las prejubilaciones.
El 10 de marzo de 2012, la juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, ordenó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía durante nueve años, Francisco Javier Guerrero Benítez. El 8 de septiembre de 2014, la cifra de implicados ascendió hasta alcanzar los 227 imputados. En la madrugada del 19 de marzo de 2013, la Guardia Civil llevó a cabo la detención de veinte personas, en el marco de las diligencias previas que instruía la juez Mercedes Alaya.
La investigación ha revelado un sistema de comisiones ilegales en el que intermediarios como Juan Lanzas, apodado "El conseguidor", negociaban con empresarios para aplicar ERE fraudulentos. Las empresas intermediarias entre la Junta de Andalucía y los perceptores del dinero de los ERE, como las aseguradoras Vitalia y Uniter, además de consultoras y bufetes de abogados, cobraron altas comisiones, muy por encima del precio de mercado, por la gestión de los ERE, llevándose un total estimado entre 50 y 68 millones de euros de fondos públicos de la Junta de Andalucía, a través del IFA (actual Agencia IDEA).
Fuente: Wikipedia - Caso ERE