La corrupción es un fenómeno complejo que afecta a sociedades de todo el mundo. Para abordar este problema de manera efectiva, es necesario adoptar una visión amplia que vaya más allá de las definiciones legales estrictas. En este artículo, partiremos de una conceptualización de la corrupción como "el abuso o desviación del poder encomendado (a agentes públicos o privados) que persigue desplazar el interés público en favor de un beneficio privado, propio o de terceros, o con la finalidad de acumular poder y privilegios" (Rodríguez Puerta, 2023). Esta definición nos permite examinar la corrupción no solo como un conjunto de actos ilícitos individuales, sino como un fenómeno social y político con profundas implicaciones para la sociedad en su conjunto.
La corrupción puede manifestarse de diversas formas, desde casos aislados hasta prácticas generalizadas que definen el funcionamiento de instituciones enteras. Cuando la corrupción se vuelve sistémica, presenta características particulares que la hacen especialmente difícil de combatir. Según Davis (2021), la corrupción sistémica puede ser: 1. Generalizada o muy extendida: afecta a múltiples sectores o niveles de la sociedad. 2. Persistente: se mantiene en el tiempo a pesar de los esfuerzos para erradicarla. 3. Subversiva: implica a los propios órganos de control, socavando los mecanismos anticorrupción. 4. Estructural: aprovecha las características del sistema para perpetuarse. 5. Normalizada: es percibida por la sociedad como algo habitual o inevitable. Estas características pueden presentarse de forma conjunta o separada, reforzándose mutuamente y creando un "círculo vicioso" de corrupción difícil de romper.
La percepción de la corrupción es un indicador importante, aunque no infalible, de la situación de un país en esta materia. Según el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional, la media mundial es de 43 sobre 100, lo que indica un nivel de corrupción percibida bastante elevado a nivel global. En el caso específico de España, los datos del Eurobarómetro de 2022 sitúan al país en el sexto puesto por la cola en percepción de corrupción, solo superado por Grecia, Croacia, Chipre, Hungría y Portugal. En España, casi un 90% de los encuestados perciben la corrupción como generalizada y persistente. Los sectores que se perciben como más vulnerables a la corrupción son los partidos políticos (83% en España frente a un 58% europeo), los políticos de todos los niveles (67% en España frente a un 55% europeo), los bancos e instituciones financieras (44% en España frente a un 27% europeo) y los tribunales (32% en España frente a un 21% europeo). Es importante destacar que, aunque la percepción de corrupción es alta, solo un 6% de los encuestados afirman haber sido testigos de algún caso de corrupción directamente. Esta discrepancia entre la percepción y la experiencia directa puede ser indicativa de una corrupción de alto nivel o "gran corrupción" que, aunque menos visible en el día a día, tiene un impacto significativo en la confianza ciudadana en las instituciones.
Uno de los aspectos más preocupantes de la corrupción sistémica es su tendencia a normalizarse en la sociedad. Cuando la corrupción se percibe como generalizada y persistente, puede generar una actitud de tolerancia y resignación entre los ciudadanos. Esta normalización crea lo que Rothstein (2011) denomina una "trampa social", donde los individuos actúan de manera corrupta porque esperan que los demás también lo hagan. La teoría de la acción colectiva, aplicada a la corrupción, sugiere que para romper este ciclo es necesario cambiar las expectativas mutuas y generar confianza social e institucional. Si la mayoría de una sociedad cree que la corrupción es parte inevitable de la cultura empresarial o política, se instauran estrategias egoístas del tipo "si yo no lo hago, lo harán otros". Para revertir esta situación, es crucial generar un sentimiento comunitario y fomentar la cohesión social. La cohesión social, entendida como la creación de vínculos de confianza entre los miembros de la comunidad, puede ser una herramienta poderosa para combatir la corrupción. Al igual que en la teoría de la eficacia colectiva en criminología, una sociedad cohesionada puede generar expectativas compartidas de comportamiento ético y fomentar la acción colectiva contra la corrupción.
Los efectos negativos de la corrupción son múltiples y afectan a diversos ámbitos de la sociedad. En el plano económico, la corrupción distorsiona la competencia, favoreciendo a empresas y actores económicos corruptos en detrimento de los honestos. Esto puede llevar a una asignación ineficiente de recursos, tanto en el sector privado como en el público, y a una reducción de la inversión y el desarrollo económico. En el ámbito político, la corrupción socava los principios democráticos al distorsionar los procesos de toma de decisiones. Las políticas públicas pueden verse influenciadas por intereses particulares en lugar del bien común, lo que puede resultar en proyectos innecesarios o de baja calidad. Desde la perspectiva de los derechos humanos, la corrupción tiene un impacto negativo en el disfrute efectivo de diversos derechos. Según Peters (2019), la corrupción puede afectar el derecho a la igualdad y no discriminación, el derecho a un debido proceso, el derecho a la participación política, y derechos sociales como la salud, la educación y la vivienda. Además, la corrupción sistémica puede obstaculizar el logro de derechos colectivos de tercera generación, como el derecho al desarrollo o a un medio ambiente limpio. Es importante destacar que estos daños no son solo individuales, sino que tienen un carácter colectivo y difuso. La sociedad en su conjunto se ve afectada por la pérdida de recursos, la disminución de la calidad de los servicios públicos y la erosión de la confianza en las instituciones democráticas.
La lucha contra la corrupción requiere un enfoque multifacético que combine estrategias directas e indirectas. Las estrategias directas, que han sido el enfoque principal hasta ahora, incluyen la implementación de leyes anticorrupción, el fortalecimiento de los sistemas de transparencia y rendición de cuentas, y la imposición de sanciones penales y administrativas a los infractores. Sin embargo, como señala Rothstein (2018), estas medidas directas pueden ser insuficientes para abordar la corrupción sistémica. Por ello, propone complementarlas con estrategias indirectas que busquen cambiar las percepciones y expectativas sociales. Estas estrategias pueden incluir: 1. Mejora de los sistemas fiscales y de prestación de servicios públicos. 2. Fomento de la igualdad de género en el sector público. 3. Implementación de una educación pública gratuita y universal. 4. Promoción de la participación ciudadana en la lucha contra la corrupción. Estas medidas indirectas buscan generar nuevos vínculos entre los ciudadanos y el Estado, aumentando la confianza social e institucional.
Para combatir eficazmente la corrupción sistémica, es fundamental involucrar a la sociedad civil en los esfuerzos anticorrupción. Esto requiere no solo de medidas legales y administrativas, sino también de estrategias que fomenten la cohesión social y la participación ciudadana. Algunas propuestas para lograr este objetivo incluyen: 1. Fomentar el asociacionismo y apoyar a organizaciones de la sociedad civil independientes. 2. Realizar campañas de concienciación sobre los efectos negativos de la corrupción. 3. Involucrar a asociaciones y grupos ciudadanos en las acciones anticorrupción institucionales. 4. Facilitar el acceso a la información y reconocer la capacidad de denuncia de la sociedad civil. 5. Implementar programas de educación en valores prosociales y ética pública. En última instancia, la lucha contra la corrupción requiere un cambio cultural que solo puede lograrse con la participación activa de todos los sectores de la sociedad. Al visibilizar los daños colectivos de la corrupción y fomentar la acción conjunta, es posible romper el ciclo de normalización y generar un nuevo equilibrio basado en la integridad y la confianza mutua.
Referencia: Rodríguez Puerta, M. J. (2023). La corrupción como problema de acción colectiva: desnormalización y participación social. Estudios Penales y Criminológicos, 43. https://doi.org/10.15304/epc.43.9415