Las instituciones políticas son el pilar fundamental de cualquier gobierno democrático, encargadas de crear, aplicar y hacer cumplir las leyes. En teoría, estas instituciones deberían ser evaluadas por su eficiencia e imparcialidad, independientemente de la orientación política del gobierno en turno. Sin embargo, en las democracias contemporáneas, este principio se ha visto seriamente amenazado por el aumento de la polarización política.
La polarización no solo dificulta la evaluación objetiva de la eficiencia institucional, sino que también fomenta la parcialidad y la falta de neutralidad. Este fenómeno ha generado un círculo vicioso de desconfianza ciudadana hacia las instituciones, erosionando los cimientos mismos de nuestras democracias. En este artículo, exploraremos tres costes institucionales fundamentales derivados de la polarización política.
En las democracias avanzadas, hemos normalizado peligrosamente el partidismo en las instituciones políticas. Cuando hablamos de jueces "conservadores" o "progresistas", estamos aceptando implícitamente que estos no son imparciales, sino que persiguen fines partidistas. Este fenómeno se extiende más allá del poder judicial: el nombramiento partidista en organismos y empresas públicas socava la meritocracia y el profesionalismo en la administración pública.
En España, por ejemplo, la colonización partidista de las instituciones ha coincidido con un aumento significativo de la polarización afectiva desde 2015, intensificándose a partir de 2020. Esta polarización identitaria ha llevado a la formación de bloques políticos aparentemente irreconciliables, donde la discusión racional cede terreno a la emocionalidad y la identificación tribal con partidos y líderes.
Un ejemplo claro de esta tendencia es la gestión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Mientras que hasta 2019-2020 era común encontrar críticas transversales a su manejo, gradualmente estas voces se han ido silenciando, reflejando la creciente división en bloques políticos.
El segundo coste institucional de la polarización es el aumento de la tolerancia hacia la corrupción. La identificación ideológica y emocional con un líder o partido político lleva a los ciudadanos a minimizar o justificar las malas prácticas de "los suyos". En España, hemos visto cómo en los últimos años las dimisiones por escándalos o mala gestión se han vuelto prácticamente inexistentes, incluso en casos de clara controversia.
Más preocupante aún es la tendencia a modificar leyes para beneficiar a individuos condenados por corrupción, simplemente porque su apoyo es necesario para mantener una mayoría parlamentaria. La ley de amnistía propuesta en España, que podría borrar numerosas condenas firmes por corrupción, es un ejemplo alarmante de cómo la polarización puede llevar a la erosión del estado de derecho.
Quizás el coste más significativo, aunque menos visible a corto plazo, es el coste de oportunidad que representa la polarización. Tras la Gran Recesión de 2008, surgió un fuerte interés en reformar las instituciones para hacerlas más "inclusivas" y menos "extractivas". En España, se popularizó el concepto de "capitalismo de amiguetes" para describir las redes clientelares que utilizaban las instituciones estatales en beneficio de intereses privados.
Sin embargo, a mediados de la segunda década del siglo XXI, la posibilidad de grandes reformas institucionales se desvaneció ante el auge de la polarización como estrategia política. Los partidos abandonaron la idea de reformar el país a través de sus instituciones, optando en su lugar por atrincherarse en posiciones ideológicas e identitarias.
Como resultado, temas cruciales como la eliminación de las diputaciones provinciales, la reforma del Senado o la modificación del sistema electoral han desaparecido del debate público. En su lugar, la atención se centra en bloqueos institucionales, como el del Consejo General del Poder Judicial, que están teniendo consecuencias nefastas para el funcionamiento del Estado.
El panorama actual es desalentador. Los libros que antes abogaban por reformas institucionales han sido reemplazados por visiones pesimistas que anticipan el fin de la democracia o el colapso institucional. La polarización ha transformado la percepción de las instituciones: de ser vistas como el marco neutral necesario para cualquier proyecto político, han pasado a ser utilizadas como armas en la batalla partidista.
Esta tendencia amenaza los fundamentos mismos de nuestras democracias. Es imperativo que reconozcamos los costes de la polarización y trabajemos para recuperar la visión de las instituciones como garantes imparciales y eficientes del proceso democrático, independientemente de la ideología que esté en el poder.
Fuente: Miller, L. (2024). Los costes institucionales de la polarización. Revista de Economía Institucional, 26(51), 223-228.